Pagazaurtundúa pide al Defensor del Pueblo Europeo que investigue los abusos de carácter sexual que sufren trabajadoras penitenciarias españolas

Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, ha pedido a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, y a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión una investigación sobre los «abusos y vejaciones» que sufre el colectivo de mujeres trabajadoras en los centros penitenciarios en España, tal y como ha denunciado la asociación de trabajadores penitenciarios ‘Tu abandono me puede matar’ (TAMPM).

La eurodiputada les ha enviado una misiva en las que alerta en sobre “la grave desprotección que dice sufrir este colectivo”, que «no parece contar ni con el apoyo de las instituciones ni con protocolos específicos para protegerlas de las agresiones físicas, sexuales y psicológicas».

Como publicó Confilegal el pasado 24 de septiembre, ‘Tu abandono me puede matar’ denuncia “trato discriminatorio” hacia las trabajadoras penitenciarias que han sido objeto de violencia sobre la mujer en su ámbito laboral.

Explica que han salido a la luz varias agresiones de carácter sexual realizadas por internos, que “Instituciones Penitenciarias no ha denunciado a las instancias judiciales competentes”, pese a ser obligatorio, de acuerdo al código deontológico, y que no existe un protocolo específico ni una política de actuación preventiva en estos casos.

Maite Pagazaurtundúa relata en sus misivas a la Defensora del Pueblo Europeo y a la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE que los abusos denunciados por el observatorio de ‘Tu abandono me puede matar’ pasan por tocamientos no consentidos, acorralamientos, comentarios sexistas a la cara o a través de las ventanas de las celdas para que lo oigan el resto de internos, provocar mofa general en el módulo, preguntar a la funcionaria si tiene la regla para cuestionar una orden dada por la misma, miradas lascivas, risas cómplices entre internos al paso de una trabajadora, bromas, insultos, internos que se masturban delante de la mujer u otros que esperan desnudos a que la funcionaria pase por la celda para hacer un recuento.

“No podemos permanecer impasibles”, destaca Pagazaurtundúa, y hace hincapié en que estos hechos constituyen «violencia contra la mujer, una de las violaciones más graves en materia de igualdad de género, derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

Además, señala que «el abuso físico, sexual y psicológico que sufren estas mujeres socava además derechos fundamentales como son la dignidad y el acceso a la justicia, artículos 1 y 47 de la Carta».

La eurodiputada apunta que «el mayor problema es que las direcciones de los centros penitenciarios españoles no ponen este tipo de hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente», según denuncia ‘Tu abandono me puede matar’, lo que «dificulta que sean investigados y sus responsables, enjuiciados».

Añade que «esta falta de apoyo de la administración penitenciaria se acentúa al constatar que no cuenta con protocolos específicos para abordar este tipo de agresiones, ni con políticas de prevención que las evite».

Pagazaurtundúa insta a la Defensora del Pueblo Europeo y al director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión a «investigar si la administración penitenciaria española ha podido ser negligente en la resolución de las denuncias presentadas por las trabajadoras penitenciarias”.

“Tenemos la firme convicción de que este tipo de abusos contravienen la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión” y en este sentido “es urgente que se eviten las agresiones y, sobre todo, que no se silencien”, ha destacado.

Pagazaurtundúa ha indicado que en su caso, como vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, su obligación es «canalizar cualquier vulneración grave de la Carta de los Derechos Fundamentales”.

En su carta a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés), le pide que «ya que la FRA es competente para identificar prácticas dentro de la UE que contravienen la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y áreas en las que se puedan hacer progresos», «haga lo necesario para que la administración penitenciaria española aborde los problemas descritos anteriormente y no contribuya a que esta continua vulneración de derechos sea silenciada».

A Emily O’Reilly le dice que en su condición de Defensora del Pueblo Europeo «debe promover la buena administración
en la Unión Europea, garantizando que sus instituciones y administraciones públicas respetan la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión» y le reclama que por ello «investigue si la administración penitenciaria española está siendo diligente y proactiva al tratar las denuncias realizadas por las trabajadoras penitencias españolas en su ámbito laboral».

Pagazaurtundúa subraya que «la UE debe monitorizar la gestión del Gobierno de España en esta materia, puesto que es necesaria la coherencia entre lo que se predica y la administración de las políticas públicas».

LOS CASOS QUE SE HAN PRODUCIDO

Según informa el Observatorio de la asociación ‘Tu abandono me puede matar’, el pasado 1 de mayo, en el hospital penitenciario de Alicante, «un interno se abalanzó sobre una funcionaria, logrando acorralarla y le inflige tocamientos indiscriminados en las nalgas con el propósito de obtener satisfacción sexual y siguiendo, según sus propias palabras, su instinto«.

El observatorio afirma al respecto que «Instituciones Penitenciarias ejerce funciones de juez y defiende que no lo consideran como agresión sexual, porque aunque el interno sí le hizo tocamientos «intencionados» a la funcionaria, esta se lo recriminó de forma contundente con un grito».

Informa que el pasado 11 de junio, en el centro penitenciario Madrid VI, un preso aprovechó quedarse a solas con una docente para «asaltarla, tratando de tocarla mientras le pedía que le besara». Indica que ella se negó «reiterada y explícitamente», pero que el presunto atacante le bloqueó el paso, aunque la profesora consiguió zafarse de él mediante un empujón.

«El autor de los hechos sería un preso, previamente condenado por violencia de género y con una orden de alejamiento, algo que no fue «advertido a las trabajadoras», expresa el observatorio y apunta que Instituciones Penitenciarias «se limita a trasladar de centro al interno y no denuncia de oficio los hechos en el juzgado».

Cuenta que el pasado 14 de julio, también en el centro penitenciario Madrid VI, una funcionaria fue víctima de un «violento ataque» por parte de un interno que se abalanzó sobre ella por la espalda durante un traslado.

«El hombre estaba siendo llevado a la sala de curas, donde iba a recibir atención médica, cuando aprovechó que se encontraban en una zona libre de cámaras de videovigilancia para atacar a la mujer, aunque ella consiguió escapar y pedir ayuda. El interno justificó el acto como una «muestra de afecto» hacia la trabajadora», expone el observatorio y dice que «Instituciones Penitenciarias tampoco llevó de oficio el caso ante la justicia».

Informa, además, de que el pasado 14 de agosto, en la cárcel de Sevilla, «un interno, con destino en limpieza de módulo, aprovechó que salía a tirar la basura para bajarse los pantalones y masturbarse delante de la funcionaria con servicio en un rastrillo» y que el día 30 de ese mes, en el centro penitenciario Ocaña II, «un interno se masturbó delante de una psicóloga mientras esta le realizaba, en el interior de su despacho, una entrevista profesional», y que «el interno no dudó en perseverar en su conducta incluso cuando fue recriminado por la psicóloga».

Pinchando aquí tiene acceso al informe del observatorio de la asociación ‘Tu abandono me puede matar’.

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